El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) visitó La Terraza de Gran Vía para ahondar en asuntos prioritarios que afectan al colectivo de letrados. Como el proyecto Abogacía Digital, una iniciativa pionera puesta en marcha para facilitar a los colegiados la práctica del ejercicio profesional. Una solución única, explicó José María Alonso Puig a Constantino Mediavilla, presidente y editor de Madridiario, que integra todos los componentes que necesita un abogado para desarrollar su profesión: “Aquellos abogados que no tienen despacho pueden trabajar desde aquí”, concretó el decano. Una iniciativa que cuenta con un completo equipamiento informático, más un servicio puntero de información jurídica compuesto por una base de datos y una biblioteca digital. Incluso los letrados senior podrán participar en un espacio con actividades: “Mi sueño sería que los abogados más jóvenes consultasen a los que acumulan más experiencia para intercambiar información”.
José María Alonso Puig es, además del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y vocal de la junta de gobierno de la Mutualidad de la Abogacía. Cuenta con una dilatada experiencia como abogado tramitando más de dos mil procedimientos ante los distintos órganos jurisdiccionales españoles.
Un bagaje que le ha llevado a analizar la actual situación y la realidad a la que se enfrenta la abogacía. Un análisis del que se desprende que la profesión reclama un mayor reconocimiento y el avance en cuestiones que se han quedado sin respuesta. Aunque reconoce que se ha progresado en en otros aspectos como el tiempo de pago: “Había demoras de casi un año. Ahora son pagos mensuales lo que supone una mejora extraordinaria”.
El decano también manifestó la voluntad de mejorar los baremos de la justicia gratuita, mostrándose positivo al respecto del diálogo que existe con los representantes de la Comunidad de Madrid. Las relaciones con el Ayuntamiento de la capital también las califica de buenas y cordiales: “El servicio de orientación jurídica municipal venía prestándose con regularidad. Con Carmena cambió la situación y quiso que fuese a concurso público”. Una decisión que Alonso Puig compara con la “privatización de un servicio público”. Sin embargo, con el actual regidor, José Luis Martínez- Ameida, las conversaciones han recuperado la confianza del decano, que seguirá luchando para mantener la orientación jurídica gratuita en el colegio: “Este servicio debe llevarlo el ICAM”.
El proyecto de Ciudad de la Justicia, un proyecto que sigue contando con la voluntad del Gobierno regional a la espera de lo que determinen los tribunales, no pasó desapercibido en la conversación con Constantino Mediavilla: “Creemos que desatascaría la concentración de sedes y así los abogados y procuradores no tendrían que ir como locos de un lugar a otro”.
En el transcurso de la conversación, el decano también reivindicó el turno de oficio como un servicio público “trascendental”. Es necesario, detalló, que los colegios profesionales contribuyan a conseguir que la ciudadanía entienda “la importancia que prestan estos abogados”. Unos letrados cuyo nivel de calidad se encuentra a la misma altura que cualquier firma con nombre reconocido.
Sobre la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia contra Ayuso por el ‘caso Avalmadrid’ y sobre la devolución del dinero defraudado por la Gürtel también habló en la entrevista de la Terraza de Gran Vía. Puede ver aquí la entrevista completa: